Congreso aprobó 14 decretos en el I semestre de 2026, pero solo uno cumplió los requisitos legales
Informe de la Alianza por un Congreso Eficiente advierte que, aunque aumentó la actividad legislativa, persisten deficiencias en la calidad de las leyes, baja asistencia de diputados y debilidades en la transparencia.
Ciudad de Guatemala. El Congreso de la República incrementó su actividad legislativa durante el primer período de sesiones ordinarias de 2026; sin embargo, ese mayor dinamismo no se reflejó en una mejor calidad de la producción normativa. De los 14 decretos aprobados entre enero y junio, únicamente uno cumplió con los requisitos legales, como estudios técnicos, análisis financieros y documentos de justificación, según el Informe del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la República 2026, presentado por la Alianza por un Congreso Eficiente, integrada por Guatemala Visible, Fundación Proyecto de Vida – Fíjate Bien y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El informe señala que durante el primer semestre del año se realizaron 35 sesiones plenarias, 14 más que en el mismo período de 2025, mientras que se presentaron 86 iniciativas de ley, de las cuales 84 fueron impulsadas por diputados, una por el Organismo Ejecutivo y otra por la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, los investigadores advirtieron que seis de los decretos fueron aprobados bajo la figura de urgencia nacional, mecanismo que, según la Alianza, debe utilizarse de manera excepcional y no como práctica recurrente.
Baja asistencia al Pleno
Otro de los hallazgos relevantes del informe es la disminución en la asistencia de los legisladores a las sesiones plenarias.
Durante el período analizado, la asistencia promedio fue del 76 %, inferior al 79 % registrado en 2025 y al 89 % alcanzado en 2024. Además, únicamente dos de los 160 diputados asistieron al cien por ciento de las sesiones.
Los diputados electos por Jalapa y Jutiapa registraron los mejores niveles de asistencia, mientras que los representantes de Retalhuleu y Chiquimula presentaron los porcentajes más bajos.
Comisiones concentraron reuniones el mismo día
El monitoreo de 14 comisiones legislativas también evidenció deficiencias en su funcionamiento.
Entre febrero y mayo se contabilizaron 117 sesiones, pero el 72 % se celebró de forma consecutiva durante un mismo día para cumplir con el mínimo establecido por la ley. Asimismo, algunas comisiones no realizaron reuniones durante enero y otras, como la Comisión de Economía, tampoco sesionaron en febrero.
Aumentan las citaciones y el personal del Congreso
En materia de fiscalización, el informe reporta que entre enero y junio los diputados realizaron 818 citaciones a funcionarios públicos, un promedio de 136 por mes. Los bloques legislativos que más utilizaron este mecanismo fueron la UNE, con 145 citaciones, y VOS, con 130.
Respecto al recurso humano, la Alianza informó que el Congreso pasó de 2,432 trabajadores en 2025 a 2,547 durante el primer semestre de 2026.
El estudio también advierte que 580 empleados contratados bajo el renglón 022 desempeñan funciones administrativas, pese a que la normativa vigente no contempla esa posibilidad.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, el Congreso había ejecutado 39 % de su presupuesto al cierre de junio, cuatro puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior. El gasto aumentó en Q23.58 millones, principalmente por el incremento en servicios personales.
Retroceso en transparencia
La Alianza por un Congreso Eficiente también alertó sobre un descenso en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Durante el primer semestre de 2026 el Congreso alcanzó un cumplimiento del 88 %, el porcentaje más bajo registrado en la actual legislatura.
Recomendaciones
Los investigadores recomendaron fortalecer la calidad técnica de las iniciativas de ley, mejorar los controles de asistencia de los diputados, evitar que las comisiones concentren sus reuniones en un mismo día, revisar la estructura del personal del Congreso, vincular el presupuesto con indicadores de desempeño y reforzar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.
El informe concluye que el incremento en la actividad legislativa representa un avance únicamente si va acompañado de normas mejor fundamentadas, mayor fiscalización y un uso más eficiente de los recursos públicos.
