DHS deroga la regulación de carga pública de 2022: un cambio que exige información y preparación
Por Fernando Castro Molina
Analista migratorio guatemalteco
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha dado un paso significativo en materia migratoria al emitir una norma definitiva que deroga la regulación sobre carga pública aprobada en 2022 durante la administración del presidente Joe Biden. La decisión representa un nuevo giro en la política migratoria estadounidense y responde a la visión de la actual administración del presidente Donald Trump de fortalecer la aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), retomando el criterio de que los inmigrantes deben ser autosuficientes y no depender de beneficios financiados por los contribuyentes.
Aunque para muchos esta medida puede parecer un cambio meramente administrativo, en realidad tiene implicaciones importantes para miles de personas que aspiran a obtener una residencia permanente, una visa o realizar un ajuste de estatus migratorio en Estados Unidos.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece desde hace décadas que una persona puede ser considerada inadmisible si existe la probabilidad de que, en algún momento, se convierta en una carga pública. Sin embargo, la regulación adoptada en 2022 limitaba considerablemente los beneficios públicos que los funcionarios podían tomar en cuenta al realizar esa evaluación, restringiendo el análisis de diversos factores que históricamente habían formado parte del proceso.
Con la derogación de esa normativa, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recupera la facultad de evaluar cada caso de manera individual, considerando todos los elementos relevantes para determinar si un solicitante podría depender de la asistencia gubernamental. Es decir, se vuelve a un análisis integral caso por caso, tal como, según el DHS, fue la intención original del Congreso estadounidense.
En palabras de Zach Kahler, portavoz del USCIS, la administración busca «proteger a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos», reafirmando el compromiso de la institución con la seguridad y el bienestar financiero del país.
La nueva disposición entrará en vigor el próximo 18 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha también será obligatorio utilizar una versión actualizada del Formulario I-485, correspondiente a la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. El USCIS ya advirtió que no aceptará versiones anteriores del formulario que sean enviadas o tengan matasellos posteriores a la fecha de entrada en vigor de la nueva norma, situación que podría provocar rechazos automáticos y retrasos para quienes no estén debidamente informados.
Más allá del debate político que siempre acompaña este tipo de decisiones, considero que el aspecto más preocupante es la falta de información oportuna que muchas veces afecta a la población migrante. Miles de centroamericanos realizan trámites migratorios sin contar con asesoría adecuada y, en numerosos casos, desconocen cambios legales que pueden afectar directamente sus procesos.
Por ello, estimo indispensable que las cancillerías de Guatemala, Honduras y El Salvador actúen de manera inmediata a través de sus consulados en Estados Unidos para informar ampliamente a sus connacionales sobre las nuevas disposiciones. La protección consular no debe limitarse a la emisión de documentos; también implica brindar información preventiva que permita a los migrantes tomar decisiones acertadas y evitar errores que puedan comprometer su situación migratoria.
Asimismo, considero necesario desarrollar campañas informativas en los países de origen para que las familias puedan transmitir información actualizada a sus parientes residentes en Estados Unidos. La comunicación efectiva entre las instituciones y la comunidad migrante constituye una herramienta de protección tan importante como cualquier asistencia legal o consular.
Ignorar este tipo de modificaciones normativas sería una irresponsabilidad institucional. La experiencia demuestra que muchos migrantes pierden oportunidades o enfrentan complicaciones simplemente por desconocer los cambios en los procedimientos administrativos.
En un escenario migratorio que continúa transformándose con rapidez, la información oportuna, la orientación profesional y la prevención siguen siendo las mejores herramientas para proteger los derechos e intereses de quienes buscan construir un futuro en los Estados Unidos.
Guatemala, 17 de julio de 2026.
